Tras el cambio de gobierno, el nuevo representante del ministerio de hacienda, Alfonso Prat Gay sugirió la semana pasada que quitarían el denominado impuesto al lujo desde principios de 2016. Pero, luego, se supo que podría mantenerse, con otra escala menos nociva. La medida que fue implementada a comienzos de 2014, elevó considerablemente los valores de muchos modelos de autos, inclusive algunos de producción nacional.
Si hacemos memoria, parte de 2012 y todo el año 2013 fueron “años de autos importados”. Debido al retraso cambiario, los autos que cotizaban en dólares eran comercializados al valor de lista oficial en pesos. El dólar blue, fue otro factor importante para hacer “negocio” comprando un auto de marca Premium a un valor, en pesos, mucho más conveniente del que se establecería como real.
Con ese antecedente, el gobierno de Cristina Kirchner impuso desde comienzos del año 2014 que los autos de mayor valor deberían pagar una alícuota importante a modo de impuesto, que en la práctica equipararía los precios. La nómina establecía entre un 30 y 50% de impuesto al valor de lista sin impuestos. Pero en realidad, y una vez sumados todos los costos extras, la nómina se elevaba entre 40 y 100% respectivamente, es decir que para los vehículos más caros el valor llegó a duplicarse.
En el transcurso de estos dos años, el impuesto sufrió actualizaciones en el monto mínimo para equiparar a la inflación (en la actualidad gira en torno a los 315 mil pesos para la primer escala), pero de todos modos siempre perjudicó a muchos modelos, inclusive algunos de producción nacional, como los medianos en las versiones más equipadas, por ejemplo Ford Focus Titanium o Citroën C4 Lounge Exclusive, entre otros. Vehículos aún más caros, de la talla de la Toyota SW4, también se vieron perjudicados, inclusive esta última en la segunda escala del impuesto. Otras marcas optaron por no declarar valores oficiales por sobre encima del monto mínimo, lo que trajo aparejado que muchas de esas unidades fueran vendidas con sobreprecios por los concesionarios, o directamente no existiera oferta sobre algunos modelos. Las pick-ups, consideradas como vehículos de trabajo, siempre estuvieron exentas.
Toda esta distorsión hizo que las ventas de varias marcas se desplomaran, teniendo que cerrar concesionarios debido a la baja demanda, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. Además, al bajar las ventas, el dinero que el gobierno obtenía era escaso, una de las razones por las que Prat Gay sostuvo que era innecesario mantenerlo.
Gracias al reciente levantamiento del cepo al dólar y la unificación del mercado cambiario, el nuevo gobierno no necesitaría obligatoriamente esta medida para reducir la fuga de capitales. Sin embargo, eliminar por completo el gravamen podría determinar una llegada masiva de vehículos importados, y eso perjudicaría a la industria nacional. Por eso, según pudo averiguar el diario La Nación recientemente, el gobierno mantendría el impuesto, aunque analiza reducir la incidencia al 10 % en todos los modelos. De ser así, sería un alivio para algunas empresas, que tienen lanzamientos futuros a la espera de la decisión del gobierno.
Oficialmente se desconoce cuál será la política implementada desde comienzos del año próximo y los valores finales que las marcas deberán determinar para cada uno de sus productos, aunque los más caros deberían bajar si el tributo se reduce. De todas formas, las futuras medidas prometen alivio para importadores y terminales de menor volumen, que fueron las más perjudicadas en el último tiempo.
