Hace ya unos meses (o, mejor dicho, años), que las calles argentinas son el escenario de una anomalía preocupante: vehículos circulando sin patente. Si bien la mayoría de los casos se da en unidades 0km, también se observan vehículos usados circulando sin la chapa identificadora. Esta situación, amparada en demoras burocráticas, escasez de materiales y un sistema que había colapsado, se agravó entre 2022 y 2023 por la crisis económica, las trabas a las importaciones y la concentración del servicio en un único proveedor estatal, lo que generó un efecto indeseado: cientos de miles de autos sin dominio visible, sin posibilidad de ser identificados en controles o cámaras de seguridad, y por lo tanto fuera del radar del sistema legal.
Una luz de esperanza se observa al final del túnel; parecería que este vacío se empieza a cerrar. El Ministerio de Justicia de la Nación anunció que, a partir del 1° de septiembre, se restablece por completo el sistema de entrega de chapas patentes en todo el país. Por primera vez en años, habrá stock asegurado en todas las jurisdicciones, con capacidad suficiente para responder al notable incremento de ventas de vehículos que, por otro lado, el primer semestre de 2025 cerró con cifras récord de unidades 0km, algo que no ocurría desde 2018.
La solución no fue cosmética. Se implementó una reforma estructural del sistema, habilitando proveedores privados a través de licitaciones públicas, reforzando la logística y desarrollando un esquema federal de distribución. Entre mayo y julio ya se entregaron casi 500.000 chapas, y se proyecta que en agosto se distribuirán otras 432.000. Un volumen inédito que pone fin a la escasez y a la incertidumbre que reinaba hasta hace pocos meses.
Pero el cambio no es solo logístico. A partir del 28 de julio, los registros de la propiedad automotor deben informar en un plazo máximo de 48 horas cuándo una chapa está lista para ser retirada. Además, los ciudadanos pueden consultar el estado de su trámite de forma online, y la información también será notificada a las fuerzas de seguridad, lo que facilita los controles vehiculares en rutas, peajes y operativos urbanos.
Desde la perspectiva de la seguridad vial, esta normalización marca un punto de inflexión. Un vehículo sin patente es, en términos prácticos, un vehículo sin identidad. No puede ser detectado por cámaras, es difícil de rastrear y representa una brecha tanto para el delito como para la impunidad. En una época crecieron los delitos cometidos con autos y motos —muchos de ellos sin dominio visible—, cada chapa colocada es una herramienta más para prevenir, controlar y sancionar.
El sistema de patentes no es un mero trámite administrativo: es una pieza fundamental de la trazabilidad urbana, que permite al Estado ejercer su autoridad, controlar lo que circula y garantizar las responsabilidades civiles y penales de los conductores. Que ese sistema haya estado colapsado tanto tiempo fue, sin dudas, un problema grave. Que se recupere ahora, con previsión, transparencia y eficiencia, es una buena noticia para toda la ciudadanía.
El desafío, claro, no termina aquí. Será clave sostener este nuevo estándar en el tiempo. Porque la seguridad no empieza ni termina con una chapa, pero sí necesita que cada vehículo tenga nombre, apellido y domicilio fiscal ante la ley. Y eso, después de mucho tiempo, vuelve a ser posible.
Pero todo esto debe ser apenas el comienzo. Hace falta más y mejor control, tecnología al servicio de la prevención y políticas públicas que apunten a reducir la alarmante tasa de siniestros viales. La educación y la seguridad vial deben ser prioridades reales, no excusas para la recaudación. Porque cuidar la vida en las calles vale mucho más que cualquier multa.
Por Matías González, abogado diplomado en Seguridad Vial
