A mediados de la década de 1990, Mercedes Benz y Bosch desarrollaron en forma conjunta uno de los dispositivos de seguridad que más aporta al momento de evitar accidentes. Estamos hablando del ESP.
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Este elemento de seguridad, mediante un cerebro electrónico, acciona los frenos y le quita potencia al motor, estabilizando el auto en maniobras peligrosas. Trompos y subvirajes muy acusados pueden ser corregidos automáticamente por este sistema.
Se transforma en tangencialmente necesario, cuando nos encontramos bajo la lluvia o sobre terrenos poco adherentes donde se hace mucho más fácil perder el control del vehículo de forma inesperada.
Trabaja siempre junto al control de tracción y el ABS, transformando accidentes en sustos.
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A principios de este año tendría que haber entrado en vigencia la reglamentación que exige a todas las terminales automotrices comercializar únicamente vehículos livianos con ESP de serie. Desde las versiones base, hasta las más equipadas.
Esto no sucedió, de hecho, se prorrogó la obligatoriedad hasta 2020. Cosa que demuestra a las claras él lobby que realizaron las empresas, con el gobierno en complicidad, para que esta norma no se establezca.
Viendo todo el accionar de los grandes emporios del automotor, cualquier persona que analiza la situación unos pocos minutos puede pensar que el ESP debe ser muy costoso para los fabricantes, pero no es así: se estima que colocarle ESP a un vehículo, que ya dispone de ABS, tiene un costo para el fabricante de tan solo 60 dólares.
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Además de darle un argumento más al vendedor y otorgarle un beneficio obvio al usuario, los fabricantes ganarían una herramienta más de promoción y se ahorrarían toda la crítica de la prensa, que no es poca.
Por otra parte, al evitar accidentes, se reducen los costos médicos que el Estado debe enfrentar derivados de los siniestros viales que el ESP pudiera evitar.
