El sistema de control de velocidad en rutas nacionales atraviesa uno de los procesos de revisión más importantes de los últimos años. Tras una auditoría realizada sobre miles de kilómetros de corredores viales, organismos nacionales como la Agencia Nacional de Seguridad Vial detectaron múltiples inconsistencias en dispositivos utilizados para registrar excesos de velocidad y emitir infracciones automáticas.
La situación encendió una nueva discusión sobre la validez de las fotomultas, el estado de habilitación de los cinemómetros y el rol de los municipios en el control vehicular sobre caminos de jurisdicción nacional.
El relevamiento incluyó cientos de dispositivos distribuidos en distintos puntos del país y dejó al descubierto problemas administrativos, técnicos y operativos que podrían impactar directamente en el sistema de fiscalización electrónica.
Más de 40.000 kilómetros auditados y cientos de equipos revisados
El operativo de verificación alcanzó una extensa red vial nacional y tuvo como objetivo comprobar si los radares instalados cumplían con las condiciones legales y técnicas necesarias para funcionar correctamente.
Dentro de ese proceso fueron inspeccionados más de 500 cinemómetros entre radares fijos y móviles utilizados para controlar excesos de velocidad. La revisión permitió corroborar que numerosos equipos presentaban diferencias respecto de sus autorizaciones originales, mientras que otros directamente no coincidían con los puntos donde debían operar (cerca de 120).
En varios casos se constató que algunos dispositivos autorizados ya no estaban instalados, habían dejado de funcionar o permanecían registrados administrativamente pese a no estar operativos.
Radares sin autorización y controles observados
Entre los hallazgos más relevantes fue la detección de más de 150 radares fijos que operaban sin contar con habilitación nacional vigente para realizar controles sobre rutas nacionales.
La normativa establece que todo sistema automático destinado a constatar infracciones debe cumplir determinados requisitos previos: autorización formal, homologación del equipo, calibraciones técnicas periódicas y documentación respaldatoria actualizada.
Cuando alguno de esos elementos falta, aparecen cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento sancionatorio y sobre la posibilidad de emitir multas sustentadas en esos registros.
Como consecuencia, comenzó un proceso de intimaciones y revisiones para exigir regularizaciones, suspender equipos observados y ordenar el retiro de dispositivos instalados sin la aprobación correspondiente.
Por qué la calibración y la homologación son claves en una fotomulta
Más allá de la existencia física de un radar, uno de los aspectos centrales está vinculado con la precisión técnica del dispositivo. Los cinemómetros deben atravesar verificaciones periódicas para garantizar que la velocidad registrada coincida efectivamente con la circulación del vehículo controlado. Estas calibraciones buscan evitar errores de medición y asegurar que una infracción se base en evidencia técnica verificable.
Además, cada radar debe contar con homologaciones vigentes, identificación específica y trazabilidad documental, elementos considerados fundamentales para respaldar jurídicamente una sanción.
La ausencia de alguno de esos requisitos puede abrir discusiones administrativas o judiciales respecto de la validez de determinadas actas.
Información que debe contener una fotomulta para su validez
Para que una infracción registrada por radar tenga sustento legal, el acta debe reunir una serie de datos esenciales que permitan verificar la legitimidad del procedimiento.
Entre los puntos habitualmente exigidos aparecen la identificación del dispositivo utilizado, fecha y hora exacta de detección, ubicación precisa, velocidad máxima permitida, velocidad captada por el sistema y una imagen clara del vehículo involucrado.
También deben figurar datos vinculados a la autoridad de aplicación, el juzgado competente, el sistema de notificación y la documentación técnica que acredite que el radar se encontraba habilitado y calibrado al momento de la medición.
A esto se suma otro aspecto clave: la correcta señalización vial. En numerosos casos, especialistas remarcan que los conductores deben estar debidamente informados sobre la presencia de controles automáticos de velocidad.
La discusión de fondo: seguridad vial o sistema recaudatorio
El escenario volvió a reactivar un debate histórico entre automovilistas, organismos de control y gobiernos locales. Mientras desde el sector oficial sostienen que los radares cumplen una función preventiva destinada a reducir siniestros y fomentar velocidades seguras, sectores críticos cuestionan el uso indiscriminado de dispositivos y denuncian una lógica centrada exclusivamente en la generación de ingresos mediante multas.
La revisión de cientos de equipos abre una nueva etapa de discusión sobre transparencia, controles técnicos y legalidad de los sistemas automáticos utilizados en las rutas argentinas.
Con auditorías en marcha y equipos bajo análisis, el objetivo ahora pasa por establecer criterios más estrictos que permitan garantizar controles confiables, técnicamente válidos y alineados con estándares de seguridad vial.
