Por un acuerdo firmado entre el Gobierno nacional y las terminales locales, el Control Electrónico de Estabilidad (ESP) debería ser obligatorio en todos los 0km a partir de enero de 2018. Sin embargo, ya desde septiembre de 2017 se venía hablando de la postergación de la medida, hecho que ocurrió finalmente al posponerse para dentro de dos años.
Esta decisión generó duras críticas, en especial por parte de Latin NCAP. Este prestigioso organismo independiente, encargado de evaluar la seguridad de los automóviles de la región, se dirigió directamente a Presidencia de la Nación, Ministerio de Transporte y Agencia Nacional de Seguridad con el fin de informar y solicitar a los responsables de que no sigan adelante con esta “lamentable” determinación.
La mencionada entidad entiende que las autoridades argentinas, al igual que los otros gobiernos de la región, deben introducir regulaciones sólidas y transparentes para mejorar la seguridad de los vehículos: “Las últimas pruebas de choque realizadas por Latin NCAP, han demostrado que los fabricantes de automóviles pueden construir vehículos en nuestra región cada vez más costeables y con seguridad de cinco estrellas, eso implica la inclusión de ESC, tecnología que está demostrado que salva casi tantas vidas como el cinturón de seguridad”.
Latin NCAP también afirma que “gran cantidad de los incidentes viales que se ven a diario en rutas y que se aducen a impericia del conductor podrían ser evitadas con el ESC. La incorporación inmediata de este sistema es lo correcto para la seguridad vial y para los consumidores de Argentina. Latin NCAP entiende que si la razón de la postergación es acompasarse con el mercado brasilero, Argentina perdió la oportunidad de liderar en la región en esta materia. La postergación del requerimiento del ESC ignora a quienes han trabajado duramente por la seguridad vial y apoya a unos muy pocos que entienden que la seguridad vial es menos importante que sus propios beneficios económicos. Hay marcas que han creído en este acuerdo y han dispuesto recursos para cumplirlo”.
“El gobierno debería haber antepuesto la seguridad de entre 1 a 2 millones de argentinos que en los próximos cuatro años comprarían un nuevo vehículo o harán uso de un nuevo vehículo para trabajar (sea taxi, remise u otro), ante el interés económico de unos pocos de demorar esta exigencia y ampliar sus ganancias por un tiempo más, sostuvo Alejandro Furas, Secretario General del citado organismo.
