La postal se repite invariablemente en cada esquina de nuestras ciudades, consolidándose con fuerza en grandes urbes como la Capital Federal, el AMBA, el centro de Rosario o la ciudad de Córdoba: un enjambre de motos zigzagueando entre carriles, transitando por las banquinas derechas o sorteando espejos retrovisores en cada esquina y, por sobre todo, a ciegas: en el manubrio se desprende, casi como obligación, una extensión del mismo, o sea un teléfono inteligente que dicta el próximo destino.
No estamos presenciando una crisis aislada de conducta individual, sino las consecuencias directas de un cambio estructural en el comercio urbano. La denominada "economía de plataformas" ha consolidado un modelo de negocio donde el algoritmo premia la inmediatez y penaliza la demora, empujando a miles de conductores a asumir niveles de riesgo inaceptables en la vía pública bajo la implacable presión del reloj y de la cantidad de “paquetes” a trasladar.
Este fenómeno de “app-dependencia” aceleró de forma dramática un proceso que venía gestándose como un gran cambio socioeconómico argentino: la moto como salida laboral rápida y accesible. Sin embargo, la velocidad del mercado no fue acompañada por las estructuras estatales de control ni por los trayectos formativos exigibles.
El resultado es una masa de nuevos conductores que se lanzan al tránsito más agresivo provistos únicamente de destrezas empíricas básicas —saber equilibrar y acelerar el rodado—, desconociendo las nociones fundamentales de la conducción defensiva, la física de frenado y la percepción del riesgo vial.
Ahora bien, ¿dónde queda la seguridad vial?
Ante este cuadro de emergencia, el debate clásico solía estancarse en la mera culpabilidad del delivery o en la inacción municipal. No obstante, la raíz del problema perfora las capas del control de calles y expone una falencia institucional sistémica en el origen del derecho a conducir: ¿quién y cómo evalúa a los aspirantes a una licencia de conducir motocicletas?
La cruda realidad del sistema formal reveló que, hasta el momento, no existía un estándar obligatorio ni una formación técnico-pedagógica específica para aquellos agentes municipales encargados de examinar a los motociclistas en los Centros Emisores de Licencias del país.
En términos normativos prácticos, el otorgamiento de la habilitación quedaba supeditado a criterios totalmente desiguales y arbitrariedades jurisdiccionales de evaluadores que carecían de una credencial oficial que avalara su idoneidad técnica. Y eso provocaba (y aún provoca) la migración de conductores a municipios vecinos que suelen ser notablemente menos exigentes en las pruebas teóricas o prácticas para obtener la licencia de conducir.
La respuesta a este quiebre institucional busca materializarse con la reciente decisión de la ANSV de lanzar —comenzando su primera etapa en el norte del país, por ser la región con mayor mortalidad sobre dos ruedas— una capacitación obligatoria y una Matrícula Nacional para Instructores y Evaluadores de Motocicletas.
El programa nacional estandariza contenidos, técnicas de manejo seguro y criterios de examen mediante 14 horas de validación teórica y en pista, integrando a los formadores aprobados al Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC), con una vigencia de dos años.
Conclusión
Elevar de forma urgente la vara en los centros emisores y profesionalizar a quienes tienen la responsabilidad de evaluar es el kilómetro cero para frenar el goteo constante de vidas en el asfalto.
La nueva matrícula de la ANSV es una herramienta jurídica indispensable, pero su impacto real quedará trunco si no se unifican los controles de manera simétrica. De nada servirá endurecer las exigencias si los conductores pueden seguir eludiendo los exámenes rigurosos mediante la migración a jurisdicciones con normativas laxas o "amigables".
Mitigar la siniestralidad vial de los trabajadores exige terminar definitivamente con la especulación de los municipios menos exigentes y fiscalizar con firmeza el rol de las plataformas. Sólo rompiendo la lógica del "siga-siga" corporativo y municipal lograremos que la urgencia de un pedido deje de cotizar más alto que la vida misma.
