La incorporación de elementos de seguridad obligatoria en los vehículos se convirtió en un proceso bastante burocrático durante los últimos años, y la llegada de nuevas tecnologías para brindar protección a los ocupantes de un auto, se demora cada vez más. A su vez, el verdadero problema no está sólo en la falta de leyes para obligar a los fabricantes a crear unidades más seguras, sino en los costos extras para las automotrices por la suma de equipamiento extra.
En Argentina hasta ahora se firmaron cuatro acuerdos entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Ministerio de Transporte, Secretaría de Industria, Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), y la Cámara de importadores y distribuidores oficiales de automotores (CIDOA), para impulsar una mayor protección para los ocupantes de un vehículo. Además, desde 2017, se tomó la decisión de generar una armonización de normas con Brasil, no sólo en cuestiones de seguridad para los diferentes medios de transporte, sino en otros tipos de asuntos, como la logística.
Por otro lado, en nuestro país, por el momento existieron tres etapas de aplicación de protección para los pasajeros, sumada a una que está pautada para el año que viene, y otra que está en proceso de gestión.
La primera, se remonta a 2009 (aunque recién se llevó a cabo en 2014) con la instauración del doble airbag, frenos ABS, y apoya cabeza trasero en plazas laterales. El segundo proceso, implicó el empleo del tercer apoya cabeza trasero (24 meses después de la implementación en Europa), alerta acústica visual de cinturón (a partir de 2015) y luces DRL (instaurada en 2017).
La etapa tres implicó ensayos de impacto frontal y trasero (a partir de 2016 y 24 meses después de Europa), y sistema de retención infantil (a partir de 2018). A su vez, la etapa cuatro tuvo en cuenta el retractor de cinturones laterales traseros (a partir de 2016), y el control de estabilidad, uno de los sistemas que más se demoró para su aplicación, al menos en nuestro país. Está previsto su adopción para 2020, solo en el caso de los nuevos modelos, y 2022 para todos los cero kilómetro.
Por último, la gestión de la etapa cinco aún se encuentra sin avances, pero podría seguir el camino de Brasil, que hasta 2026 deberá contar con mayor cantidad de elementos obligatorios para la protección de los pasajeros de un vehículo. Existen diferentes propuestas que van desde frenado automático de emergencia y grabadora de datos de conducción (caja negra).
¿Por qué los nuevos sistemas no se aplican con mayor rapidez?
Como se mencionó anteriormente, el problema no se encuentra solamente sostenido por la falta de medidas provenientes del marco político, como sucedió con la demora del ESP (iba a ser obligatorio para todos los modelos a partir de enero de 2018 pero se postergó ante el lobby realizado por las automotrices agrupadas en Adefa), sino que el inconveniente está sujeto a los altos costos que implican la instauración de sistemas de seguridad obligatorios, para los diferentes rodados.
Por ejemplo, en Brasil tienen previsto una reducción en el segmento de vehículos populares, debido al incremento en el precio final de sus unidades más accesibles, a causa de los importes extras que se le van a añadir a los diferentes modelos, tras la incorporación de nuevas herramientas de protección para ocupantes, en 2020.
De esta manera, para que la suma de equipamiento en materia de seguridad no impacte de lleno en los valores totales de los autos, la aplicación de distintos instrumentos sufre demoras desde hace años para su implementación obligatoria.
